El esfínter de Willy

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El actor Willy Toledo

Quisiera arrojar algunas cuestiones –y un poco de luz– sobre los hechos dispares en que Willy Toledo hizo uso de su libertad de expresión para cagarse en Dios.

Han sido muchos los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia mencionada. Y sabemos que las redes sociales son, en muchos casos, el altavoz de los mudos y el megáfono de los que no se atreven a decir nada si no es de forma anónima ni con una jauría que lo guarde.

«Me cago en Dios» –y mucho más– fue lo que dijo Willy Toledo el 5 de julio de 2017. El conflicto del asunto comenzó, no cuando Willy decidió relajar el esfínter anal, sino al ser requerido por las autoridades judiciales y cuando decidió no acudir a tal requerimiento. Se emprendió contra él, por tanto, una acción de busca y captura. Finalmente fue detenido y pasó una noche en el calabozo de la Comisaría de Moratalaz, en Madrid. Las jaurías de usuarios que pueblan las redes no tardaron en hacerse eco de la noticia y manipularla hasta la saciedad, afirmando que Toledo era detenido por cagarse en Dios, en lugar de recordar que no era debido a la flacidez de su esfínter –que, por cierto, debiera ser revisada por un médico cuanto antes– sino por evitar y desobedecer a la justicia y la ley. Los defensores de la libertad de expresión, todos a una cagándose en Dios desde sus cómodos sofás –entre ellos la bien instalada Ada Colau–, trataron de desafiar al Poder Judicial y a quienes profesan la religión cristiana. Los libertinos, siempre, desde su superioridad ética y moral, de respeto y libertad.

Creada la polémica entra en juego el debate, justo y necesario, de la libertad de expresión –o yo más bien diría de la expresión sin libertad– y la “ofensa a los sentimientos religiosos”. En este punto es necesario recordar que las leyes penales regulan un precepto sobre la supuesta “ofensa a los sentimientos religiosos”. Y digo supuesta porque no solo protege a los fieles que profesen cualquier religión, sino también a quienes no profesan religión alguna. Cito el artículo 525 del Código Penal en su apartado primero:

  1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.

Y el apartado segundo establece:

  1. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.

 

El abogado de Willy Toledo, Endika Zulueta, astuto donde los haya, o idiota donde abunden, afirmó que «debe llamar a la reflexión que en la España del siglo XXI, en un Estado constitucionalmente aconfesional, la Fiscalia interponga denuncia contra una persona por escribir en Internet “me cago en Dios”». Zulueta olvidó –o no quiso recordar– que no se trata de un precepto dirigido exclusivamente a las religiones. No estamos hablando de una exclusiva protección a los sentimientos religiosos en un Estado aconfesional, sino de una protección a cualquier persona sea cual sea su creencia y, sobretodo, a cualquier persona que profese o no una religión. Esto es, una protección, también, a ateos y agnósticos. Y que –al margen del precepto penal– el debido respeto debe ser guardado a cualquiera en virtud de su raza, sexo, religión o pensamiento.

¿Debe, entonces, el Estado eliminar el precepto penal en virtud de la libertad de expresión? ¿debe el Estado permitir una sociedad libertina construida sobre la falta de respeto al prójimo en virtud de la mala educación de cada uno? ¿debe el Estado permitir la vejación pública de unos y otros en una sociedad tan inmadura como la nuestra? Habrá quien piense, por el contrario, que el Estado no debe regular prácticamente nada. Los insultos suelen ser preliminares de la violencia, y no queremos una sociedad violenta, ¿verdad?

El que responde con afirmación las preguntas anteriores, debería cuestionarse, por ejemplo: ¿por qué se acribilla a un juez que insulta a una mujer –llamándola «bicho» e «hija puta»–, hasta tal punto que ha tenido que abandonar el caso? ¿por qué se pide la dimisión de personalidades públicas que insultan a mujeres –alcalde del PP llama «chacha para todo» a la presidenta de la Diputación de Pontevedra– o de mujeres que insultan a homosexuales –ministra de Justicia Dolores Delgado llamó «maricón» al ministro de interior Marlaska– (aunque en este último caso nadie se ha atrevido a denunciarla e insultarla públicamente como sí se ha hecho con el resto)?

¿No habíamos quedado en que teníamos libertad de expresión? ¿O solo la pedimos para cuanto queremos? ¿Nos ponemos en pie en unas situaciones? ¿Nos achantamos en otras? ¿Somos idiotas? Tengo dos cosas por ciertas: que sí somos idiotas y que Toledo necesita, como a los perros, que alguien recoja su mierda.

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